BOLETÍN TRIBUTARIO
Los países de la OCDE han acordado el pasado 15 de mayo del 2020, unánimemente invitar a Costa Rica a convertirse en miembro de la Organización. El Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, firmarán un Acuerdo de Adhesión en los próximos días.
La adhesión de Costa Rica, que ampliará el número de miembros de la OCDE a 38 países, se hará efectiva tras adoptar a nivel nacional las medidas necesarias para adherirse a la Convención de la OCDE, y depositar su instrumento de adhesión en poder del Gobierno de Francia, depositario de la Convención.
El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, ha hecho la siguiente declaración: «Nos complace mucho dar la bienvenida a Costa Rica a la familia de la OCDE en un momento en que el multilateralismo es más importante que nunca. La mejor forma de afrontar los retos mundiales actuales es que las economías emergentes, en desarrollo y avanzadas trabajen de forma conjunta en la búsqueda de soluciones».
Como parte de su proceso de adhesión, Costa Rica se ha sometido con éxito a las revisiones técnicas minuciosas de 22 Comités de la OCDE y ha puesto en marcha importantes reformas que han permitido al país armonizar su legislación, políticas y prácticas con las normas de la OCDE en esferas tales como la competencia, las estadísticas, la lucha contra el cohecho, el gobierno corporativo de las empresas públicas, los mercados financieros, la transparencia fiscal y la gestión de productos químicos industriales.
«La adhesión a la OCDE ha sido un objetivo personal del Presidente y su Gobierno. Nos ha alentado observar el sincero compromiso de todos los partidos con el proceso y nos ha impresionado la implicación y la capacidad de reacción de la Asamblea Legislativa, que ha promulgado más de una docena de leyes, entre ellas las relativas a la amplia reforma de la política de competencia y de su cumplimiento y la reforma fundamental del sistema de estadística nacional, como resultado directo de las recomendaciones de la OCDE», ha añadido el Sr. Gurría.
En abril de 2015, el Consejo de los países miembros de la OCDE invitó a Costa Rica a iniciar las conversaciones de adhesión. Costa Rica será el cuarto país miembro de la Organización de la región de América Latina y el Caribe, junto con México, Chile y Colombia.
Los 37 miembros de la OCDE son: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
¿Sabe qué es CABYS?: Catálogo de Bienes y Servicios
A partir del 01 de diciembre del 2020, es muy importante tener en consideración que el Ministerio de Hacienda solicitará de manera obligatoria a todas las empresas del país incorporar en los comprobantes electrónicos el código único para cada bien y servicio que comercializa.
Con esa disposición, pretenden lograr la correcta clasificación de los productos con el fin de conocer sus características; por ejemplo: tipo de material, procesos relacionados con la producción, uso del producto, entre otros.
Precisamente, el Catálogo de Bienes y Servicios para Cuentas Nacionales (CABYS) es una lista elaborada de manera conjunta por el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda, que agrupa los bienes y servicios en categorías jerarquizadas, lo anterior basados en clasificaciones internacionales. Tiene como objetivo asignar un código único para los bienes y servicios que se comercializan en Costa Rica. El catálogo consta de 10 categorías generales y se amplía a más de 18.000 productos, identificados por un código de hasta 13 dígitos.
Las primeras cinco categorías responden al clasificador internacional denominado: Clasificación Central de Productos (CCP), publicado por Naciones Unidas, con el respaldo de organizaciones internacionales tales como: la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
La CCP presenta una correspondencia con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) y con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, base del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).
Tanto en Banco Central como el Ministerio de Hacienda brindan capacitación con el propósito de dar a conocer a las empresas grandes o contribuyentes la estructura y aplicación del catálogo.
El código de 13 dígitos en los comprobantes electrónicos se indicará por línea de detalle de la siguiente manera, según este ejemplo:
Cantidad | 1,00 |
Código Comercial | 12345 |
Código CABYS | 1234567890123 |
Detalle | Producto X |
Precio Unitario | 10,000.00 |
Subtotal | 10,000.00 |
Tarifa IVA | 13% |
Total línea | 11.300 |
Adicionalmente, en el catálogo citado se incluye la tarifa correspondiente del Impuesto al Valor Agregado para cada producto.
Mediante una interpretación auténtica aprobada este jueves 21 de mayo del 2020, la Asamblea Legislativa confirmó que las empresas instaladas en zonas francas gozan de la exoneración del pago del impuesto sobre bienes inmuebles durante diez años a partir del inicio de operaciones.
La interpretación, que recibió 43 votos a favor y uno en contra, aclaró el inciso D del artículo 20 de la Ley de régimen de zonas francas ( 7210 ).
Este inciso fijó, desde 1990, la exoneración del impuesto territorial por un periodo de diez años, desde el inicio de operaciones, para las compañías instaladas en el régimen de atracción de inversiones nuevas.
Sin embargo, en 1995, el Congreso aprobó una reforma al impuesto territorial mediante la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles .
El diputado liberacionista Luis Fernando Chacón, proponente de la interpretación auténtica, explicó que la reforma de 1995 generó confusión entre algunas municipalidades.
Algunas creyeron que el impuesto territorial no es lo mismo que el tributo sobre bienes inmuebles, lo cual provocó que algunas empresas, bajo el régimen de zona franca, no recibieran el beneficio.
“Esto ocasionó algún conflicto de algunas empresas de zonas francas y algunas municipalidades que estaban cobrando ese impuesto”, afirmó Chacón.
Como ejemplo, el legislador citó que la Municipalidad de Heredia no está aplicando la exoneración, aunque dijo que la mayoría de gobiernos locales sí lo hacen.
La diferencia de interpretación generó conflictos administrativos y judiciales entre municipalidades e inversionistas en ese tipo de regímenes, lo que devino en inseguridad jurídica, dijo el liberacionista.
“Estas interpretaciones de asesores de gobiernos locales, que son operadores de la ley, confabulan, precisamente, para afectar el clima de inversión en el país y en nuestras localidades”, añadió.
La interpretación auténtica, entonces, deja claro que, cuando la ley de zonas francas habla de exoneración del impuesto territorial, se refiere al “impuesto sobre bienes inmuebles”.
Asimismo, hace una aclaración sobre la fijación del tiempo de inicio a partir del cual entra a regir el periodo de 10 años de la exención.
En ese sentido, la iniciativa dice que, cuando se habla de “inicio de operaciones”, debe entenderse “fecha de inicio de operaciones que establezca el Acuerdo Ejecutivo para cada solicitud” de una empresa instalada en zona franca.
El texto fue aprobado con el voto de 16 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), nueve del Partido Acción Ciudadana (PAC), seis del Partido Restauración Nacional (PRN) y tres del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
También, votaron a favor tres congresistas del bloque Nueva República, dos del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y tres independientes. En contra votó José María Villalta, del Frente Amplio.
El texto será sometido a votación de segundo debate el próximo martes 26 de mayo.
Durante la discusión, el Plenario Legislativo rechazó dos mociones de Villalta que procuraban evitar el carácter retroactivo que, por medio de la Constitución, tienen las interpretaciones auténticas de ley.
Lo que el frenteamplista pretendía, según sus declaraciones en el plenario, era evitar que las empresas que no han sido exoneradas de dicho impuestos, recuperen ese dinero a través de procesos judiciales.
Citó que la Municipalidad de Heredia expuso la misma preocupación durante la discusión del texto en comisión, sin que a la fecha se haya contestado.
De acuerdo con el legislador, dicha iniciativa se votó sin tener información sobre los efectos económicos en las municipalidades, ni de los litigios judiciales derivados de la interpretación del inciso que se reforma.
Luis Ramón Carranza y Welmer Ramos, ambos legisladores del PAC, pusieron a discusión el tema de las exoneraciones de las empresas de zonas francas. No obstante, los dos diputados rojiamarillos votaron a favor del proyecto.
“Yo creo que las zonas francas han venido a dar un gran aporte al desarrollo del país y a la generación de empleos. Sin embargo, es importante que comencemos a revisar esta ley, porque ha habido en los territorios que operaban antes pagando los impuestos y de la noche a la mañana aparecen como zonas francas, Esto va en detrimento de las municipalidades y los recursos para el Estado”, afirmó Carranza.
En términos similares se manifestó Ramos, pero este aclaró que no se opone al impulso de las zonas francas, sino que no se debe de abusar de las exenciones. “Yo estoy de acuerdo con incentivos fiscales, pero se aceptan si hay normas de desempeño en cuanto a calcular el valor agregado nacional que están generando”, indicó Ramos.
Al respecto, Luis Fernando Chacón indicó que las zonas francas demuestra que son socialmente rentables. “Por cada dólar recibido en (exención) de impuestos se generan $2,5 en beneficios sociales para la comunidad costarricense”, indicó el verdiblanco.
Mencionó que los empleos en zonas francas crecen en promedio un 10% anual, durante los últimos cuatro años, fuera de la Gran Área Metropolitana. En la actualidad ese régimen genera 115.000 trabajos, indicó.